El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, debiendo ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación necesaria para hijos. Es de cumplimiento obligatorio, por debajo de él no se puede pactar ninguna remuneración; lo fija desde el año 2000, el Ejecutivo Nacional en ejercicio de las atribuciones que le son conferidas por la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 236 en sus numerales 11 y 24, previo estudio del costo de vida y de las condiciones de la macroeconomía imperantes. El origen del Salario Mínimo proviene de la lucha de clases donde el trabajador no tenía una cantidad tabulada como salario para que fuera la base de su relación de trabajo. Busca el salario mínimo, darle al trabajador una mejor calidad de vida y constituye una importante política redistributiva y de justicia social. Es un valioso instrumento de la política laboral del gobierno revolucionario para proteger a los trabajadores más vulnerables del mercado de trabajo.
El aumento del salario mínimo que entró en vigencia el pasado 1ro. de Mayo y que se ubicará en BsF. 2.047,42 con el que beneficia a 3.903.408 venezolanos, constituye un estímulo para millones de trabajadores que, año a año, desde 1999, han visto una mejora diaria en su calidad de vida. Con este incremento, Venezuela posee el salario mínimo más alto de América Latina ($700) si se le suman los ingresos por bono alimentación. Para cancelar este aumento salarial se necesitarán 20 millones 55 mil 678 bolívares, equivalentes a 4 mil millones de dólares, que ingresan por vía de la renta petrolera e impuestos, y según palabras del Presidente Chavez “este salto a favor de los trabajadores, forma parte del proyecto de redistribución del ingreso nacional para lograr la igualdad sustantiva". En 1999 cuando el gobierno revolucionario asumió el poder, 65% de quienes trabajaban en el sector formal percibían salario mínimo, mientras que en el 2012, se beneficiará sólo el 21,1%de la población económicamente activa en Venezuela, por cuanto el resto de la fuerza laboral está ganando por encima de esta escala, lo que evidencia la gran importancia de estos indicadores, pues miden la evolución social de la Revolución bolivariana. De esta manera vamos construyendo sólidamente la justicia social, colocándose Venezuela como el país con el menor índice de desigualdad en el Continente.
El aumento beneficia en la administración pública a 345 mil 877 empleados, 62 mil 441 obreros y a dos millones 52 mil 295 jubilados y pensionados del IVSS para un total de 2 millones 558 mil 613 personas. A esto hay que sumar el ticket alimentación y otros beneficios que conforman el salario integral. En tal sentido se firmó el decreto que modifica la ley que rige el beneficio del ticket alimentación y extiende el beneficio del bono alimentario a más de 2 millones de trabajadores, quienes laboran en empresas con menos de 20 trabajadores, antes excluidas. Asimismo establece la obligación de pagar el beneficio a todo el personal por parte de patrones públicos o privados. La medida además ahora beneficiará a aquellos que se encuentren de permiso, como es el caso de mujeres parturientas, o de vacaciones. Vale destacar que estos aumentos se traducirán en mayores prestaciones sociales e incrementos en aguinaldos, bono vacacional, cestatickets y caja de ahorro.
Se estima que este incremento beneficiará en total, a más de 4 millones de personas, de los cuales 1.400.000 son trabajadores activos, pues este aumento incluye a los jubilados y pensionados por el Seguro Social, la misión Amor Mayor, glorias deportivas, campesinos y pescadores. El aumento también beneficiará a quienes reciben subsidios o pagos del Gobierno a través de las misiones o por su condición de refugiados, siempre que estos aportes sean calculados sobre la base del salario mínimo. Un total de 100 mil mujeres de la Misión Madres del Barrio, quienes aún se encuentran en situación de pobreza crítica, recibirán un aporte económico de 80% del nuevo salario mínimo.
Para la protección salarial, dos nuevas decisiones del Gobierno Bolivariano consolidan los beneficios salariales de los trabajadores venezolanos. Una de ellas es una ley que rige el comportamiento de los precios de los productos de consumo masivo, a fin de evitar que el desenfreno especulativo se trague los aumentos salariales. La reciente implementación, a fines de Marzo, de la Ley de Costos y precios justos, es otro importante hecho, ya que la misma regula, en esta primera etapa, los precios de 19 productos de primera necesidad frenando la especulación capitalista y la inflación. Así, a través de la Superintendencia Nacional de Precios y Costos se ha fijado un precio máximo de venta al público de productos de consumo diario, tales como shampú, crema de enjuague, pañales, desodorante, crema dental, toallas femeninas, papel higiénico, maquinas de afeitar, etc. En todos ellos, la reducción del precio ha sido del orden del 25%, fortaleciendo objetivamente el bolsillo de los y las venezolanas, y reduciendo drásticamente la posibilidad de especulación empresarial.
La otra es la incorporación a las redes de distribución de alimentos del Estado, de una de las grandes cadenas privadas de supermercados del país. Se trata de un convenio, de un acuerdo de comercialización, de mutuo beneficio que optimizará la distribución de alimentos que hoy se realiza a través de Mercal, Pdval y los abastos Bicentenario, donde se ofrecen productos de primera calidad al pueblo, con descuentos de hasta 40% en sus precios. Además de estos incrementos salariales, los trabajadores venezolanos disponen de otros programas sociales del Gobierno, como la Misión Barrio Adentro, que hoy cuenta con 10.000 centros de atención de diferentes niveles y medicinas gratis. Son, efectivamente, servicios de alimentación, salud y educación subsidiados que se integran al salario real de los trabajadores.
Mientras en Venezuela millones de trabajadores celebran con júbilo y alegría, incrementos salariales y mejoras alimentarias, en las principales economías capitalistas del mundo ocurre lo contrario: se reducen los salarios, desmejoran las conquistas sociales, crece el desempleo y hay precariedad. Los efectos de esta crisis han sido enfrentados por el Gobierno venezolano con una estrategia a largo plazo que comprende desde la vigilancia permanente de los precios del petróleo, su principal producto de exportación, hasta la articulación de alianzas internacionales estratégicas para su explotación, y el impulso de un nuevo modelo socio-productivo, pasando por la concreción de grandes obras de infraestructura, la recuperación de tierras del latifundio, el impulso de la inversión en el campo y la promoción del desarrollo industrial. Y en forma paralela, han corrido otra importante línea de acción: la política de inversión social del Gobierno Bolivariano que ha destinado en los últimos 11 años 393.478 millones de dólares en programas sociales hasta diciembre de 2011, lo que representa 60% de presupuesto nacional en inversión social.
Estas políticas van dando los resultados esperados. La inflación, a pesar del fenómeno especulativo, cede terreno. El pasado mes de marzo registró un incremento 1,4%, índice menor que el de febrero, cuando fue de 1,7%; y mucho más bajo que el registrado en marzo de 2010, cuando marcó 2,4%. En 2010 la inflación anual acumulada fue de 27,2%. De igual forma, el desempleo continúa en un dígito (8,6% en marzo de este año) y apunta a la baja por la recuperación de la actividad económica (las autoridades económicas prevén un crecimiento de entre 2% y 4% del Producto Interno Bruto para este año) y el inicio del Plan Nacional de Viviendas junto otros grandes proyectos de infraestructura que están en marcha.
Este conjunto de medidas ha hecho que Venezuela, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), sea el país menos desigualdad social de América Latina y que esté por encima de 17 naciones de la región en los indicadores del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual califica a la nación como de índice de alto desarrollo humano.
La gama de estos beneficios sociales inéditos en la historia de nuestra sociedad venezolana, son una demostración fehaciente y contundente del carácter socialista de este gobierno, brindando mayor rendimiento a los recursos económicos de cada venezolano y venezolana y traduciéndolos inmediatamente en mayor satisfacción del pueblo trabajador.
"Venimos cancelando esa deuda social en medida de nuestras posibilidades y acelerando cada vez más lo que podemos, creando instrumentos para el desarrollo"
Hugo Chávez.
Nailé Figuera
Coordinación de Finanzas CBST
Comisión Auditoría Sindical FETRAUVE
